Medida cautelar en Morón ante prácticas abusivas por créditos

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Días atrás, con la intervención del municipio de Morón, a instancias del intendente Lucas Ghi, y en articulación con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), permitió conseguir una medida cautelar para frenar una situación que afectaba a gran parte de las familias del distrito, ya que, frente a la necesidad de acceder a asistencia crediticia, las mismas quedaban expuestas a condiciones que agravaban su ya grave situación económica.

Por ello, desde el gobierno comunal solicitaron información transparente, clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor.

Es así que el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Morón reconoció que el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz se encuentra protegido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, también el tribunal señaló la importancia de prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre sectores que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Con esta medida protectiva, se ordenó a las entidades de crédito cesar inmediatamente la publicación de tasas y costos financieros que no se correspondan con el cálculo establecido por la normativa del Banco Central de la República Argentina. Asimismo, solicita a las empresas que deberán publicar, dentro de los dos días de ser notificadas, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) correctamente calculado, con IVA incluido, tanto en su valor mínimo como máximo, junto con todos los gastos asociados a la operación y un ejemplo representativo del costo de un crédito.

Con esta iniciativa, el gobierno comunal ratifica así su constante compromiso con las familias sobre endeudadas y con la defensa de los derechos de los consumidores y consumidoras, promoviendo acciones concretas frente a prácticas financieras abusivas.

A su vez, señalaron que la resolución judicial sienta, además, un precedente para que el resto de los actores del sistema financiero actúen con responsabilidad y transparencia, evitando abusos contra quienes recurren al crédito como una herramienta para afrontar sus necesidades.