Una investigación judicial reveló el funcionamiento de una organización que movía cerca de 3 mil millones de pesos al año a través de un paso clandestino en la finca Karina, ubicada a orillas del río Bermejo, en la provincia de Salta. El grupo, integrado por al menos once personas –entre ellas una agente de la policía local–, cobraba una tarifa fija a contrabandistas y controlaba cada etapa del circuito ilegal: desde el ingreso de vehículos hasta la descarga de bultos y la explotación de puestos de comida. Se estima que por día ingresaban 300 rodados para llevarse la mercadería de contrabando. Leer más